- Para recuperar nuestra soberanía y avanzar hacia una economía planificada y al servicio de los trabajadores.
Los TLCs y demás acuerdos de quita de aranceles de la OMC y de protección de inversiones extranjeras que los gobiernos empresarios nos han impuesto, han ampliado y perpetuado exoneraciones fiscales para los grandes capitales ubicados en nuestro país.
Luego de 30 años se ha consolidado en el país un modelo de desarrollo económico en donde se cobran nulos impuestos de renta, importación y exportación a las transnacionales, se les subsidia la infraestructura educativa y de generación eléctrica, se les garantiza la máxima protección legal del estado y de tribunales internacionales superiores a este y se les permite mantener un régimen de violación y negación derechos laborales, bajos salarios y altos ritmos de explotación hacia la clase trabajadora.
Todo esto para convertir al país en una atractiva plataforma de producción y exportación de bienes y servicios muy específicos (piña, cítricos, chips de computadora, instrumentos médicos, call centers, turismo) para grandes capitales extranjeros, que son quienes controlan la mayoría de la economía y las exportaciones de nuestro país.
Esta gran concentración de nuestras principales actividades productivas ha conducido a que la generación de empleo (y su calidad para el trabajador) en nuestro país, sea hoy completamente dependiente de la voluntad de las empresas extranjeras para seguir produciendo aquí o mudarse a otro país con “mejores” condiciones. Ante esto el criterio que se impone es aquel en el que los gobiernos burgueses que más exploten a sus trabajadores y que cobren menos impuestos sean los que cuenten con mejores condiciones para la atracción de la inversión.
La mejor forma de explicar cómo las empresas le imponen sus intereses al país gracias a estos tratados, son las recientes y millonarias demandas de varias transnacionales al país ante el CIADI1.
Dichas empresas demandan al país por cuestiones que son de ejercicio básico de nuestra soberanía.
Como ejemplo se puede citar la demanda de gas Z ante la negativa del gobierno a otorgar un aumento puntual en las tarifas de los sifones de gas de cocina. O las de INFINITO GOLD y OAS por más de 1000 millones de dólares, justificadas por el mero rechazo, impulsado por el movimiento popular, de la mina de crucitas y de la concesión de la carretera a San Ramón.
El libre comercio también ha reducido la capacidad del estado de mejorar su infraestructura (carreteras, generación eléctrica a bajo costo, refinación de petróleo) y de poner servicios sociales básicos como educación, salud, pensiones y guarderías de calidad al alcance de los trabajadores.
Esto porque la eliminación de impuestos relacionada con el libre comercio redujo, según los economistas Pablo Sauma y Juan Diego Trejos2, en casi una cuarta parte el nivel de recaudación de dinero de impuestos en comparación con los años ochenta. Este dinero jamás se recuperó y hoy nuestro país es considerado como un paraíso fiscal por muchas empresas.
Además del libre comercio, los gobiernos empresarios desarrollaron formas de premiar con mayores exoneraciones fiscales a las empresas mediante leyes como la ley de zonas francas. También han tolerado por décadas una altísima evasión del impuesto de la renta que ronda, según CR HOY, el 6% del PIB (equivalente, según CEPAL, a lo que se gasta en salud o educación) mientras que han incrementado impuestos como el de ventas y el de combustibles que terminan elevando el costo de la vida para los trabajadores.
Este gran hueco en las finanzas ha sido cubierto por una política de endeudamiento crónico del país, centralmente con instituciones del estado y capitalistas locales. Este endeudamiento ha sido tal que por casi 20 años los gobiernos han tenido que dedicar entre un quinto y un tercio de su presupuesto anual al pago de intereses durante las últimas 2 décadas3.
Desde el Partido de los Trabajadores creemos que cuestiones como planificar un desarrollo económico con independencia de los grandes capitales extranjeros, que esté en función de los trabajadores y de aumentar la inversión en infraestructura y servicios públicos de calidad y al alcance de todos es imposible si no se rompe con esta fórmula de sometimiento económico que conforman los TLCs, el endeudamiento, las exoneraciones y la evasión fiscal.
Nuestra Propuesta
- Por la ruptura con todos los tratados de libre comercio, con el Banco Mundial y su tribunal del CIADI y con los acuerdos de protección de inversiones.
- Por la salida de la OMC y la ruptura con sus compromisos de quita de impuestos.
- Ni un solo dólar o colon a las demandas de chantaje de las transnacionales
- Por el derecho a diseñar nuestra propia política comercial y fiscal subordinada a los objetivos de recuperar nuestra soberanía alimentaria y lograr un desarrollo industrial planificado que nos permita romper la dependencia económica con las potencias imperialistas.
- Por una reforma fiscal que cobre impuestos a los sectores empresariales que mas ganan en el país
- Por una planificación estatal del comercio exterior mediante impuestos selectivos a las importaciones y exportaciones con control de los trabajadores
1.Tribunal de arbitraje del Banco Mundial en materia de inversión extranjera, sus disposiciones son inapelables.
2.Pablo Sauma y Juan Diego Trejos. “Costa Rica”
3.Eduardo Lizano. Deuda Interna e Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto 2013 CGR