¡El estado debe asumir toda la obra pública y servicios públicos, y los trabajadores la debemos fiscalizar!
13 de los 22 contratos de mantenimiento de carreteras del CONAVI están concesionados a la constructora H. Solís, empresa que financió la campaña de Laura Chinchilla. A pesar de incumplir sistemáticamente estos contratos, no se castiga a la empresa y se le sigue asignando un presupuesto mayor a algunos de los ministerios. Para colmo, recientemente se le premió con ¢1.500 millones por reparar un daño que era su responsabilidad evitar (Denuncia del Semanario Universidad).
Este escándalo se suma al hecho de que la fallida concesión a la empresa OAS (carretera San José – San Ramón) le podría costar a nuestro país hasta. $502 millones.Estos, y los otros escándalos relacionados a la privatización de la obra pública (concesiones, tercerizaciones, subcontratación de servicios, etc.), nos obliga a discutir ¿Qué es este modelo de privatización, y cuál es la alternativa a él?
¡Cualquier privatización de obra pública o servicios públicos es una estafa!
Estos son un par de ejemplos, entre muchos, de cómo el modelo de privatización se utiliza para beneficiar a unas pocas empresas, estafando al pueblo trabajador. Todas han sido grandes estafas que han servido solo para enriquecer a unos pocos, mientras los servicios se encarecen y la calidad empeora. La concesión del aeropuerto a ALTERRA, de los servicios de salud, de la recolección de basura y la Trocha, entre otros ejemplos, lo dejan claro.
Desde los 80s este modelo ha sido impulsado por la burguesía de nuestro país como forma de financiar la obra pública, en el marco de la crisis financiera causada por su política de cobrar cada vez menos impuestos a las grandes empresas. También ha sido una forma de apropiarse de fondos públicos repartiendo “negocitos”.
En todas las concesiones se pagan los servicios muy por encima de lo que realmente valen, generando enormes ganancias para las empresas a costillas del pueblo trabajador.Por ejemplo, la recolección de la basura se le paga a las empresas varias veces por encima de los costos operativos, lo que ha llevado a aumentos y a jugosas ganancias para estas empresas privadas (RABSA, PASA, etc.).
La empresa de la carretera de Caldera ya recuperó más de la mitad de la inversión en solo 2 años y medio, teniendo 18$ millones en ganancias más de lo esperado, mientras incumplía el contrato impunemente al no reparar la carretera. Aun así le volvieron a aumentar los peajes la semana pasada. Al final de los 20 años esta empresa se quedaría unas 6 o 7 veces lo que invirtió en pura ganancia.
Además se le permite a las empresas entregar un trabajo de mala calidad y con casi ninguna regulación, como el caso del aeropuerto, los hospitales y la autopista de Caldera. En este último caso esto incluso llevó a accidentes que resultaron en personas heridas e incluso muertas.
Se les permite además durar el tiempo que consideren en las obras, aunque esto termine aumentando el costo de la obra, como en el caso de la carretera de San Ramón y la empresa OAS.
La privatización favorece la corrupción, permitiendo que se haga un negocio privado con la obra pública y los servicios. Se hacen carteles “a la medida” para favorecer a ciertas empresas, como el caso de CASISA, empresa administrada por la esposa del viceministro del MOPT. Además favorece los sobornos, como en el caso de Miguel Ángel, Figueres y Calderón, adonde las empresas sobornaban para lograr la adjudicación de un multimillonario contrato.
La privatización crea poco trabajo, y con muy malas condiciones. A pesar de la enorme ganancia estas empresas violan los derechos laborales. Por ejemplo, la empresa CAMARIAS cobra hasta 1.100.000 colones al mes por cada agente de seguridad al estado, mientras a los trabajadores (que ganan un tercio de eso) se les atrasa el salario.
El resultado de la privatización ha sido la creación de una serie de monopolios u oligopolios privados, negocios multimillonarios que desvían y se apropian de millones de dólares de fondos públicos cada año, dañando cada vez más las finanzas estatales.
Hoy el gobierno tiene la política de profundizar este modelo, en el marco de la crisis fiscal creada por la política de no cobrarle impuestos a las grandes empresas. Durante este año se ha anunciado la concesión de la FANAL y del CNP, mientras avanza la privatización de RECOPE, los servicios de salud, los puertos y el ICE.
Esto solo empeora la situación de las finanzas y empeora la situación del rezago en la obra pública y empeora la calidad y cobertura de los servicios públicos.
¡El estado debe asumir toda la obra pública y servicios públicos, y los trabajadores la debemos fiscalizar!
Desde el Partido de los Trabajadores creemos que urge una salida a este modelo. La salida que planteamos es que las obras y servicios públicos sean 100% estatales, y fiscalizados por los trabajadores y usuarios.
Esto debe ser financiado con impuestos a las grandes empresas, con una reforma fiscal que les cobre más a las millonarias empresas, creando la posibilidad de eliminar completamente el modelo de concesión.
Proponemos la anulación inmediata de todas las concesiones y de todos los contratos de privatización de servicios (seguridad, servicios de salud, etc.) sin ninguna indemnización. Estas empresas de por sí ya han hecho millones a costillas de todo el pueblo trabajador.
Proponemos un plan de obras y servicios públicos con el que el estado cree puestos de trabajo estables y con condiciones decentes.
Proponemos que los trabajadores y usuarios fiscalicemos los servicios públicos. Sólo de esta forma se puede detener el chorizo, y el negocio a costillas del pueblo, pues se puede construir y proveer servicios a costo, fiscalizados por el pueblo trabajador.