Meses atrás familias vecinas de la comunidad de Fray Casiano Puntarenas ocuparon un terreno arrendado por el ingenio el Palmar a causa de la completa falta de vivienda digna en la zona.
Recientemente estas más de 100 familias fueron desalojadas de de manera violenta por la fuerza pública, hubo grandes pérdidas materiales y heridos entre los pobladores.
Al igual que en el caso de la Asada de la comunidad de Playa Potrero que fue intervenida por el OIJ para que el AYA la administre los pozos a favor de nuevos desarrollos inmobiliarios, el desalojo de la comunidad de Fray Casiano es una demostración de cómo un gobierno de los empresarios interviene veloz y radicalmente para garantizar la afectación de los intereses de grandes capitales, pero no para atender necesidades de tierra y vivienda para los trabajadores que llevan décadas de ser postergadas.
Y es que el problema habitacional no es nada nuevo ni particular de esta zona, Costa Rica cuenta con un histórico déficit de vivienda generado por la crisis de inversión en obra pública de los últimos años y el grave empobrecimiento de las familias trabajadoras.
A pesar de que los candidatos de esta segunda ronda prometen velar por mejorar las condiciones y la calidad de vida de la clase trabajadora; lo cierto es que ni Araya ni Solís se han pronunciado ante este caso, mostrándose indiferentes y legitimando por omisión las medidas represivas utilizadas por la fuerza pública contra las familias. En su programa de partido tampoco existe una propuesta que venga a atender este grave problema de la clase trabajadora. Esto desnuda que ambos partidos y candidatos son representan a los empresarios y sectores gobernantes y no al pueblo trabajador, más allá de si uno es corrupto y el otro no.
Desde el Partido de los Trabajadores creemos que para resolver este déficit de vivienda el estado debe invertir en obra pública de interés social, centralmente en nuevos proyectos de vivienda.
Sin embargo para poder lograr esto es urgente resolver el problema fiscal generado por el modelo neoliberal, rompiendo con el TLC y el modelo de zonas francas para cobrar impuestos a los empresarios y suspendiendo el pago de la deuda que el país ha contraído para beneficiar a los mismos. Solo así podrá financiarse un verdadero plan de obras públicas que permita brindar recursos para reparar y construir vivienda para la clase trabajadora.
Por eso desde el Partido de los Trabajadores estuvimos en la movilización del pasado 10 de febrero que efectuaran las familias afectadas para exigirle al consejo municipal de Puntarenas su derecho a la tierra que les permita vivir y trabajar.