A partir del 1ro de agosto se comenzaron a aplicar las multas de la Ley de Migración. Estas sanciones son un enorme ataque a los miles de trabajadores inmigrantes en nuestro país, y va a llevar a que empeoren las condiciones laborales y sociales de estas familias.
El gobierno de LGS pretende multar y reprimir, sin brindar opciones reales y sin remover las enormes trabas para que puedan regularizar su situación. Esto se suma a las agresiones, y a la difícil situación que esta parte de la clase trabajadora ya sufre.
¿De cuáles multas hablamos?
Esta ley contiene 3 multas que entraron en vigencia el 1ro de agosto:
Se cobrará 100$ por mes a las personas en condición “irregular”. Si esta persona no puede pagar tendrá que permanecer el triple del tiempo fuera del país
Se multará a los patronos que contraten extranjeros sin el permiso correspondiente. Esta sanción es de entre 2 y 12 salarios base (hasta 4 millones 800 mil colones).
Se multará a quienes proporcionen alojamiento, a las personas extranjeras que no cuenten con permanencia legal en el país. La multa va entre uno y hasta cinco veces el monto de un salario base, salvo quienes lo hacen por “razones humanitarias y sin fines de lucro”.
¿Qué efectos tendrán estas multas?
El discurso del gobierno y de migración es que esta ley promovería la regularización de la situación de los migrantes, que se cotice a la seguridad social, e incluso serviría para mejorar las condiciones laborales.
Lejos del discurso, estas medidas harán todo lo contrario, empeorando las condiciones laborales y sociales de los trabajadores migrantes, informalizando aún más el trabajo, debilitando la seguridad social de nuestro país y alimentando las redes de sobornos, coyotes y corrupción alrededor de los trámites de migración.
La multa de 100$ va a ser una enorme herramienta de chantaje y extorsión. Esta va a aumentar enormemente los sobornos en las fronteras y en las redadas, y va a poner al trabajador migrante en una situación de indefensión ante los patronos y policías que pueden amenazar con denunciar a estos trabajadores e incluso separarlos de sus familias.
La segunda solamente va a generar que los patronos informalicen más la relación laboral, empeoren las condiciones de trabajo y dejen de cotizar a la CCSS. Los patronos no van a poner cientos de miles de colones para regularizar a cada trabajador, sino que los van a contratar a destajo, sacar de las planillas y dejar de cotizar.
La tercera multa deja abierto un portillo, y es tan general que podrían ser multados hasta quienes le alquilen habitaciones a trabajadores migrantes. Más chorizo y más herramientas para extorsión.
Ya hemos recibido varias denuncias de patronos que anunciaron que van a despedir trabajadores inmigrantes formalmente y contratarlos “por debajito”, con menos derechos y sin cotizar para evitar las multas. ¡Vaya avance!
¿Por qué se impulsan esta ley?
Esta ley ni siquiera va a servir para que los trabajadores se regularicen. Los propios estudios del gobierno y de las organizaciones de derechos humanos revelan que los migrantes no se regularizan por las enormes trabas económicas, jurídicas y por los requisitos ridículos de la ley. Ningún trabajador disfruta andar en situación irregular, gozando de menos derechos e incluso siendo negado su derecho a la salud, coticen o no.
Cualquier intento de forzar la regularización mediante la represión y las multas solo va a servir para aumentar el tráfico, sobornos y para engordar las billeteras de los corruptos, por la simple razón de que… ¡Las enormes trabas siguen existiendo!
Desde el PT creemos que las razones de esta ley son otras. Por un lado, esta ley favorece la corrupción, e intenta generar una fuente de ingresos para el estado a costas de un sector de la clase trabajadora (que ya de por sí paga enormes montos por nacionalización y permisos).
Sin embargo este es un instrumento también para chantajear, “disciplinar”, y para imponer condiciones aún peores a los trabajadores inmigrantes. Esta es el principal objetivo de la ley.
¿Cómo nos afecta esto todos los trabajadores?
Esta ley es además parte de la ofensiva contra las condiciones laborales en el sector privado. Al rebajar las condiciones de los trabajadores migrantes los patronos van a utilizar esto para forzar a los trabajadores ticos a aceptar peores condiciones utilizando el conocido argumento de “un nica lo hace por menos, sino ahí está la calle”.
Solamente hombro a hombro, peleando por igualdad y derechos plenos, y contra esta ley, podemos frenar este intento de dividirnos y rebajarnos las condiciones a todos los trabajadores.
¿Qué debemos hacer ante esta ley?
Nuestro partido va a comenzar una campaña contra esta ley desde ya. Creemos que es vital que todas las organizaciones de derechos humanos, de migrantes, y populares nos unifiquemos para enfrentar esta ley y exigir una verdadera solución.
Ya existen varias organizaciones que se han pronunciado contra este gigantesco ataque. Nuestro partido considera fundamental que los propios trabajadores migrantes, en unidad con los ticos, nos sumemos a esta lucha contra la ley.
Debemos utilizar todas las posibilidades jurídicas para enfrentar esta ley, pero sobretodo debemos movilizarnos para resistir a la aplicación de las multas, y exigirle al gobierno que no las aplique y declare una verdadera amnistía. De esto depende que podamos frenar este atropello.