El PUSC y el Frente Amplio han llamado al gobierno a iniciar un proceso de concertación que ya el gobierno ha arrancado con las dirigencias sindicales. Desde el PT rechazamos esta iniciativa y alertamos a los trabajadores de no confiar en ella dado que es el mismo gobierno quien hoy ataca más a los trabajadores y busca una vía para maquillar sus planes con el IVA y el salario único.
Recientemente el Partido Unidad Social Cristiana llamó al gobierno de Solís a convocar a un proceso de Concertación Nacional en donde cada partido presente 15 propuestas sobre los ámbitos políticos, económicos, sociales y energéticos.
Gerardo Vargas, Jefe de Fracción del FA dio su aval y días más tarde José María Villalta, reaparecía en la Extra para defender al gobierno en el marco del informe de los 100 días. En su artículo 100 días versus 30 años, advertía que Liberación Nacional buscaba “disparar a la cabeza de los operadores políticos que podrían darle margen de maniobra al gobierno y se empeñan en satanizar cualquier acercamiento con el Frente Amplio y otros sectores progresistas”.
Asumimos que estos “operadores” de los que habla corresponden a Melvin Jiménez y Morales Zapata. Ambos son los vasos comunicantes del gobierno con el sector de la burocracia sindical que incluye a la ANEP, FITT y la RERUM, que ya hoy están comprometidos con una plataforma de concertación con este conocida como “Manos a la Obra”. Este sector ha renunciado a cualquier asomo de independencia frente al mismo a pesar de sus ataques.
En las mismas está el Magisterio y UNDECA, cuyas dirigencias han aceptado sentarse con el gobierno para “negociar” (sin consultar antes a sus bases) la nueva Política de Empleo Público, que no es otra cosa que el relanzamiento del “salario único”.
Para Villalta es necesaria “la constitución de una gran coalición popular que agrupe sin sectarismos a las fuerzas políticas del amplio arco progresista –desde la izquierda democrática hasta socialcristianos y socialdemócratas cansados de la robadera y dispuestos a volver a las raíces- así como movimientos sociales y ciudadanía consciente, con el claro objetivo de que nuestra patria despierte, por fin, de la larga noche neoliberal.” [1]
Desde el PT nos oponemos a este llamado de concertación en el que confluyen el gobierno, el FA, el PUSC y la dirigencia sindical. Queremos lanzar una alerta a todo el pueblo trabajador de no depositar ninguna ilusión ni confianza en este supuesto llamado de coalición, que según el Frente Amplio sería para acabar con el neoliberalismo.
En primer lugar porque parte de la premisa de que de la mano de Luis Guillermo Solís pueda provenir un cambio favorable al pueblo trabajador. Para nosotros lo que este gobierno ha mostrado en sus primeros 100 días es una fiel continuidad con el neoliberalismo, con los ataques que venía implementando el gobierno de Chinchilla y un nuevo plan para llevar adelante los que esta última no logró mediante el dialogo con la burocracia sindical.
La misma vía libre que tuvieron las empresas durante los gobiernos de Arias y Chinchilla para despedir a miles de trabajadores se mantiene con Solís e inclusive se agrava. Al igual que los mismos aumentos salariales de miseria, esta vez bendecidos por Albino Vargas.
Los recortes a los trabajadores del estado y al gasto social también continúan con este gobierno que ha congelado prácticamente todas las plazas en el sector público y que viene restringiendo el acceso a la ayuda social de diversos programas.
Además en tan solo esos 100 días ha roto toda una serie de promesas de campaña que cautivaron a un sector del electorado que aspiraba al cambio. Hablamos de las promesas de un alto en los incrementos tarifarios, del fin del CONAVI y de la piñata de las concesiones, de un estado laico que garantizaría un avance en la FIV y los derechos igualitarios para parejas homosexuales y de un partido que gobernaría con austeridad (pero que ha hecho ricos a los suyos como demuestran los casos Iván Barrantes, Jorge Sibaja y más recientemente de los gastos inflados de la empresa Jaulares cobrados a la deuda política).
En segundo lugar nos oponemos porque las líneas generales sobre las cuales giraría este proceso de concertación no rompen en ningún punto con la herencia neoliberal dejada por el PLN. A juzgar por la propuesta trazada por el PUSC para la concertación, así como las que el mismo gobierno ha anunciado que someterá al dialogo, estas líneas no son otras que los ataques que el PLN ha dejado pendientes para trasladar los costos de la crisis fiscal y de inversión pública a los trabajadores públicos y al pueblo en general.
Ataque al empleo público, a las pensiones, implementación del Impuesto sobre el Valor Agregado, mayor apertura de la cogeneración eléctrica, entrega de RECOPE y de JAPDEVA mediante préstamos y concesiones, son las “soluciones” que el gobierno quiere “discutir” en esta concertación y que el FA, ni la dirigencia sindical ha salido a denunciar categóricamente.
En tercer lugar nos oponemos porque no confiamos en que, en una concertación, la “presión” del Frente Amplio o de la ANEP o el resto de la burocracia sindical, vaya imprimirle un carácter “popular” a este gobierno y logre obtener de él los cambios que el pueblo trabajador necesita.
Hasta ahora el Frente Amplio ha venido encubriendo los principales ataques del gobierno y manteniendo su alianza a pesar de los mismos e inclusive saliendo en su defensa frente a la presión del PLN y el empresariado para que el gobierno acelere el ritmo de sus ataques.
A parte de los que ya mencionamos arriba también, podríamos sumar el hecho de que no han salido a denunciar el documento “Política Nacional de Empleo Público” del gobierno que contempla sus planes de salario único contra los trabajadores estatales, ni tampoco se han referido el anuncio Helio Fallas ante el BID (rama del Banco Mundial para Latinoamérica) sobre la entrada del IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) como primer proyecto relacionado a impuestos en la Asamblea.
Lo mismo se puede decir de las dirigencias sindicales del país. Desde la ANEP hasta la APSE, hoy todas tienen acuerdo en sentarse a negociar, sabiendo que lo que el gobierno busca es ponerle fin a las conquistas salariales del sector público de la mano de la Política Nacional de Empleo Público
Cuando lo que deberían estar haciendo es movilizándose ante brutales ataques como los congelamientos en plazas, el interinazgo, la concesión de JAPDEVA, la reciente resolución de la Sala Constitucional que eliminó las anualidades de 1300 trabajadores no profesionales de RECOPE, entre muchos otros.
Para nosotros, la vía para que el pueblo consiga sacarse de encima 30 años de corrupción y crisis de la obra y las instituciones públicas causadas por el neoliberalismo, parar los ataques que sufre hoy de manos del gobierno y las cámaras empresariales, así como los que se planean, no pasa por una concertación con Luis Guillermo Solís.
¿Cómo podría? Si este viene defendiendo la herencia neoliberal contra lo cual hay que luchar para cambiar el país a favor de los trabajadores. Las concesiones, los TLCs, la DIS, los regímenes de zona franca, etc. ¿Cómo podría? Si hoy por hoy la ola de despidos y de precarización del trabajo que imponen los patrones, así como los tarifazos y los recortes a los empleados públicos corren por su cuenta.
Lo que necesitamos es la mayor independencia del gobierno y los partidos patronales para poder salir a luchar y exigirle al gobierno que atienda nuestras reivindicaciones.
Es
claro que tres meses no son suficientes para cambiar el país, pero sí lo son para comprender para quién y contra quién gobierna Solís y para ver que la alianza entre su gobierno, el Frente Amplio y las dirigencias sindicales no sería para romper con la herencia neoliberal del PUSC y el PLN y, por lo que no le traerá ninguna ganancia al pueblo trabajador.
Exijámosle al Frente Amplio y a las dirigencias sindicales que abandonen esta propuesta de concertación, que dejen de encubrir a Solís y rompan su alianza con él. Que se pongan del lado, y al servicio del pueblo trabajador para luchar por frenar los despidos, frenar la política de salario único y congelamiento de plazas, por mejores salarios, congelamiento de tarifas y un plan de obras públicas financiado con dinero de las grandes empresas que resuelva la crisis de obras y servicios públicos que viven los trabajadores.
Este camino ya nos lo mostraron las bases de APSE al salir en huelga por el pago puntual de sus salarios, los choferes de autobús en su lucha por mejores condiciones laborales, así como diversas comunidades por su derecho a vivienda y a un medio ambiente sano. Cuando un gobierno ataca al pueblo lo que este requiere es defenderse y luchar por lo suyo, tomarlo por un aliado y sentarse a negociar ignorando esto no trae más que mayores derrotas.
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