- Endeudamiento con Banco Mundial, alto pago de la deuda y mayor postergación de las necesidades de inversión para el pueblo marcan la pauta del nuevo presupuesto 2015 presentado por el Ejecutivo.
La semana pasada el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de ley presupuesto 2015 para ser aprobado por la Asamblea Legislativa a finales de Octubre.
Dicho presupuesto crece de unos 6.6 billones asignados el año anterior a unos 7.9 billones. Un crecimiento de 1.3 billones correspondiente a un 19%. Este presupuesto ha sido defendido por el gobierno como un uno que prioriza el combate a la pobreza y la generación de empleo.
Entre los puntos altos que argumenta el gobierno a favor de su proyecto se encuentra el incremento del presupuesto para la educación pública que pasó de 7.2% del PIB a un 7,4% del PIB, aumentando con esto en unos 263 mil millones de colones. A pesar de los bombos y platillos con los que se anuncia este crecimiento, el hecho es que el gobierno aún se encuentra lejos de la cumplir la promesa de asignar el 8% del PIB para la educación vigente desde 2010.
Sectores empresariales y para el PLN, el principal partido de oposición patronal, han criticado al gobierno reclamando la falta de “austeridad” en el presupuesto.
Sin embargo un análisis más completo revela que este este incremento en el presupuesto, lejos de reflejar a un gobierno preocupado por el gasto social, revela un empeoramiento considerable de la situación fiscal del país y un gobierno que aplica las mismas recetas (endeudamiento y recortes) que los anteriores para solucionarla.
La cuestión fiscal
El nuevo presupuesto dejará al país en 2015 con un hueco fiscal de 6,7% del PIB. Es decir, cerca de unos dos billones que no tiene como financiar. También se ha destacado que la proporción de financiamiento que proviene de endeudamiento. El año anterior rondo el 42% mientras que hoy se sitúa en un 47%.
Considerando esto creemos que es importante analizar si este incremento responde y se justifica en un mejoramiento de la obra y los servicios públicos, tal y como el gobierno argumenta o si responde a otras razones.
Detallando un desglose tenemos que del crecimiento presupuestario (1.3 billones) total, casi dos terceras partes (776 mil millones) estarían destinadas a atender el pago de deuda. Mientras que para obras públicas, agricultura, educación, salud y pensiones, sumados, el aumento fue de unos 379 mil millones. Ni siquiera la tercera parte del total y apenas la mitad de lo usado para pagar la deuda.
Por otro lado, si se resta el incremento destinado a la deuda, del cual el pueblo trabajador no recibe ningún beneficio más que pagarlo de su bolsillo, tenemos que la porción del presupuesto del pueblo creció apenas en un 7%, nada muy distinto a lo que Chinchilla nos tenía acostumbrados.
Una vez más queda demostrado como, en los hechos (y no en los discursos), el gobierno de Solís es un gobierno de continuidad.
En este caso de continuidad con los billonarios pagos de la deuda generada por el neoliberalismo. Deuda no es más que el producto de un modelo económico basado en grandes privilegios fiscales (legales e ilegales) para las grandes empresas que han llevado al país a la quiebra. Una deuda que empeora cada vez debido al modelo de concesiones que permite a unas pocas empresas estafar al estado una y otra vez.
La receta del presidente: más impuestos, deuda y recortes para el pueblo
No contento con destinar cientos de miles de millones para el pago de la deuda, el gobierno ha anunciado que deberá recurrir a un nuevo préstamo del Banco Mundial o el BID para pagar este gran incremento en la deuda.
Esto definitivamente involucrará un empeoramiento de la situación fiscal y pagos cada vez mayores y más frecuentes del servicio de la deuda.
A parte de esto existen otras dos medidas antipopulares que el gobierno baraja para “controlar” el creciente déficit fiscal. La primera, que ya se viene aplicando corresponde al recorte de plazas vacantes en el estado y la segunda se trata de la conversión del Impuesto de Ventas en Impuestos sobre el Valor Agregado.
La primera produce un importante deterioro en los servicios públicos de la población comenzando por los de salud. Clínicas y hospitales, por ejemplo, se ven sobrepoblados ante la falta de personal y la calidad de la atención empeora cualitativamente. Otra medida de recorte importante se expresa en el congelamiento del presupuesto para vivienda, en donde existe una clara crisis por la falta de las mismas, su deterioro y el hacinamiento.
Mientras que el IVA vendrá a encarecer todos los bienes y servicios centralmente para la clase trabajadora que es la consumidora final.
El silencio del Frente Amplio y las dirigencias sindicales
Mientras el gobierno este ejecuta este presupuesto antipopular, el Frente Amplio y las dirigencias sindicales del Bloque Manos a la Obra (ANEP, RERUM, FITT ICE) y del Bloque Sindical y Magisterial (UNDECA, Magisterio) callan una vez más, mientras sostienen su alianza con el gobierno.
No parece importar que el proyecto de presupuesto no cumpla con el 8% del PIB para la educación, no pague la multimillonaria deuda del estado con la CCSS por la cual José María Villalta demando al estado, que no destine plata para vivienda, que empeñe al país a los bancos y organismos financieros internacionales. No parece importar que todo esto conduzca a nuevos y mayores ataques del gobierno como la Política Nacional de Empleo Púbico (salario único), el congelamiento de plazas, implementación del IVA, continuidad con las concesiones de JAPDEVA y de la refinería con los chinos.
Nada de esto les parece contradictorio con lo que se supone ser un gobierno del cambio, nada de esto les parece similar a lo que teníamos con Laura Chinchilla. Hoy todos participan de las mesas de concertación con el gobierno. La dirigencia sindical, acepta “negociar” conquistas salariales sin luchar y el Frente Amplio sale a defender a este gobierno como un aliado para “despertar de la larga noche neoliberal”
El único camino es volver a la lucha
Como Partido de los Trabajadores denunciamos este proyecto de presupuesto. Creemos que para lograr el presupuesto necesario para rescatar la obra y los servicios públicos en el país, así como para defender las conquistas laborales de los trabajadores públicos es necesario en frenar esta gran sangría de recursos que representa los pagos de la deuda y que lleva décadas.
No debemos aceptar que las exoneraciones fiscales y la evasión, privilegio de unos cuentos empresarios y banqueros, nos sea cobrada ni con recortes ni con más endeudamiento.
Exigimos que el gobierno suspenda los pagos de la deuda pública y comience una auditoría que investigue el destino de esos fondos. Que no se pague más servicios de deuda vinculados a chorizos de concesionarias, ni tampoco privilegios fiscales.
Proponemos que el dinero que se recupere con la suspensión del pago de la deuda se destine a cumplir con el 8% del PIB para la educación, a pagar toda la deuda del estado a la CCSS y a financiar un plan de obra pública que financie viviendas, guarderías, una nueva refinería, obras que contribuyan a que el ICE reduzca las tarifas, y que de esta manera genere empleos estables y de calidad.
De la mano de esto necesitamos una verdadera reforma fiscal, que acabe con la evasión y los grandes privilegios de las zonas francas y demás empresas.
Reiteramos nuestra exigencia al Frente Amplio a romper su alianza con el gobierno y ponerse del lado del pueblo que los votó. Los llamamos
a utilizar su bancada legislativa para luchar en contra de este presupuesto y por uno que responda a las necesidades del pueblo y no de los empresarios y banqueros.