Con “bisturí y no con hacha”, fue la frase con la que Luis Guillermo pidió a Ottón Solís y al resto de diputados de la asamblea que recortaran moderadamente el presupuesto.
Recientemente se sumó la misma Contraloría General de la República a este coro que se ha abalanzado con tijeras en mano sobre el, ya de por sí modesto, presupuesto que presentó el ejecutivo a la Asamblea.
Un recorte integrado de 1,4% del PIB, postergación del 8% del PIB para la educación, un aumento salarial que no cubre la inflación acumulada, congelamiento de necesarias plazas en salud y del presupuesto para proyectos de vivienda, recorte de horas extra, son solo algunos de los recortes ya integrados en el presupuesto por el mismo Solís.
Sin embargo, para el empresariado, los grandes medios como La Nación, Ottón Solís y los diputados del PLN el recorte resulta insuficiente y el presupuesto mismo demasiado alto y por tanto “irresponsable”. Por lo que están discutiendo como ejecutar recortes más brutales en plazas, horas extra, anualidades y dedicación exclusiva.
Nada nuevo, política de salario único integrada a la discusión del proyecto de ley de presupuesto.
Al plantarse así, no es la voz del pueblo la que siguen, sino la de los organismos financieros internacionales, los bancos, sus calificadoras de riesgo, la de los grandes intereses capitalistas en general. El pueblo necesita más inversión en salud, educación, plazas para la generación de empleo, ampliación de la red de cuido, etc.
Son los grandes banqueros y empresarios y sus políticos los que están interesados en resolver el déficit fiscal con recortes al pueblo, ocultando que el componente más importante de este corresponde al elevadísimo pago de la deuda (un tercio del presupuesto total, dos tercios del crecimiento del mismo) y al vacío en los impuestos que dejaron las décadas de evasión fiscal y exoneraciones a favor de las grandes empresas.
No contento con esto, el gobierno también busca seguir endeudando al país con los organismos internacionales con millonarios préstamos y aplicar nuevos impuestazos como el Impuesto sobre el Valor Agregado, que ha sido convocado por el ejecutivo para la sesión extraordinaria de Diciembre en la Asamblea Legislativa. Hasta ahí llegó la promesa de llevar los aumentos de impuestos “con calma”, luego del jalón de orejas de las agencias calificadoras que rebajaron la calificación de pagador del país.
En síntesis, grandes carencias del pueblo que tendrán que esperar, un presupuesto recortado del ejecutivo, la legislativa y la Contraloría que vienen por más, más préstamos y más impuestos al pueblo para pagarlos. Y frente a todo esto las dirigencias sindicales y el Frente Amplio se mantienen en el más cómplice de los silencios.
Desde el Partido de los Trabajadores nos oponemos a este proyecto de presupuesto pues representa un presupuesto de recortes y de postergación de las necesidades más urgentes del pueblo. Denunciamos también la política del gobierno de seguir endeudando al país mientras le aplica nuevos impuestazos al pueblo.
Llamamos al Frente Amplio a romper su alianza con el gobierno y oponerse a estos recortes e impuestazos en las calles. Consideramos positivamente el recorte de mil millones que plantean para el CINDE. Desafortunadamente esto no alcanza ni para el comienzo. Debemos frenar en primer lugar la sangría que representa la evasión fiscal, los grandes regímenes de exoneración y los pagos de deuda que se aprueban año con año en el presupuesto.
Le proponemos a Patricia Mora y a todos los diputados del Frente Amplio exigir conjuntamente al gobierno la asignación del 8% del PIB para la educación en este proyecto. También el pago completo de la deuda de más de medio billón del estado con la CCSS para sanear la salud pública y el sistema de pensiones. La asignación de verdaderos recursos que acaben con las listas de espera de la red de cuido y que le permitan al MOPT hacerse cargo del mantenimiento de nuestras vías por fuera del modelo de concesión de obra pública.
Para esto no hay otro camino que buscar la manera de suspender los pagos de la deuda, debemos dejar de pagar todo préstamos que hayan ido a parar a manos de concesionarias corruptas, o a los bolsillos del gran capital en forma de exoneraciones. Debemos parar los préstamos con los organismos internacionales y los regímenes mismos de exoneración fiscal que hoy tienen quebrado a nuestro país. Es la deuda o la vida del pueblo.