San José, 13 may (ptcostarica.org)- Desde el lunes pasado entró en discusión en el plenario legislativo una propuesta de ley que pretende entregar US$15 millones de fondos públicos a un grupo de empresarios del sector turismo. Esos fondos se destinarían para volver a adquirir hoteles y locales rematados por los bancos, así como pagar las deudas en mora y cobro judicial.
Banca de desarrollo y presupuesto del ICT
El proyecto pretende financiar a los beneficiarios con $7,5 millones provenientes de los fondos del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD) y $7,5 millones provenientes del presupuesto del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Desencuentro entre sectores empresariales
Pese a que este proyecto en principio fue apoyado por Luis Guillermo Solís, luego de la oposición y cuestionamiento generalizado por distintos sectores empresariales y del ramo, el presidente le ha retirado su apoyo.
Por su parte, el recién nombrado ministro de turismo Mauricio Ventura, exdirigente de la Cámara Nacional del Turismo y de la Federación Centroamericana de Cámaras del Turismo, ha salido al paso cuestionando no el salvataje sino la lista de beneficiarios. De igual forma lo ha hecho el gerente del ICT, Alberto López y el Consejo Rector de la SBD que considera la tasa propuesta «es un subsidio».
El proyecto es impulsado por el empresario Boris Marchegiani, quien preside la Asociación para la Protección del Turismo y que indica haber contribuido para las campañas electorales del PAC, PLN, Libertario, PUSC y PASE.
Las críticas al proyecto desde las cámaras empresariales representadas en SBD, del Ministro de Turismo y del ICT, no son dirigidos al descarado salvataje de empresarios con fondos públicos; sino que únicamente cuestionan la lista de las empresas que recibirán el beneficio.
¡Ni un sólo colón de fondos públicos para empresarios!
Desde el Partido de los Trabajadores, rechazamos totalmente este proyecto pues consideramos que los fondos públicos de ninguna manera deben pasar a manos privadas. No cuestionamos únicamente el secretismo con que se ha manejado la lista de beneficiarios, sino que nos oponemos a cualquiera de estos proyectos.
Los empresarios no tienen ningún reparo en defender sus ganancias exigiendo privilegios y exenciones fiscales, a la vez que pagan bajos salarios y violan la legislación laboral. Pero a la hora de tener alguna pérdida pretenden que el Estado, con dineros de todos los trabajadores, les pague sus deudas.