Este miércoles 9 de marzo, decenas de vehículos y busetas de la Fuerza Pública se trasladaron a La Carpio, con el mandato de desalojar a más de 300 familias que desde el sábado 5 ocupan un antiguo tajo ocioso. Se trató de un fuerte operativo policial que no tuvo ninguna contemplación en atacar físicamente, lanzar gases lacrimógenos y destruir los ranchos de las personas que allí se encontraban.
Más de 2 mil personas, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores migrantes, llegaron a la zona con plásticos, latas, alambres para construir ranchos y trazar los lotes en un terreno que no cuenta con agua ni luz. Según denunciaron las familias y activistas de la zona, desde ese mismo día los cuerpos policiales reprimieron con gases lacrimógenos.
Esta ocupación se da en medio de un aumento en el precio de los alquileres de apartamentos y cuarterías en La Carpio que, en el marco de la crisis económica suscitada por la pandemia, hace insostenible pagar estos elevados precios. Buena parte de esta población trabajadora recibe bajísimos salarios, se encuentra desempleada; otro tanto, principalmente mujeres jefas de hogar y adultos mayores, dependen de las ayudas de instituciones como el IMAS, las cuales se han visto debilitadas por las políticas de recorte presupuestario impulsadas por el gobierno y los partidos de los ricos en la Asamblea Legislativa.
La mayoría de las familias son migrantes nicaragüenses quienes vienen al país a trabajar en busca de una vida digna, pero son víctimas de la más brutal explotación en sectores como el de construcción, servicios, empresas de seguridad, maquilas o trabajo doméstico.
Con este desalojo, la Fuerza Pública y el Estado muestran una vez más su verdadero rostro: se movilizan de forma veloz cuando se trata de reprimir a familias sin tierra, cuando se trata de garantizar los intereses y resguardar las propiedades de los grandes empresarios. Sin embargo, nos preguntamos ¿Dónde está el Estado, cuando se trata de garantizar condiciones de vida dignas a miles de familias como las de La Carpio, que viven en la pobreza?
Como dijimos anteriormente, las fuerzas represoras, la justicia burguesa y las instituciones públicas están a favor de defender y proteger los intereses de los grandes empresarios y atacar al pueblo trabajador, como en este caso, que agreden a las personas que luchan por un techo digno.
Desde el Partido de los Trabajadores condenamos la represión que sufrieron las familias de La Carpio. Responsabilizamos al gobierno del presidente Carlos Alvarado y a la Fuerza Pública por el ataque a la integridad física de cientos de mujeres, adultos mayores, niños y en general personas trabajadoras en su mayoría migrantes nicaragüenses.
Este es un nuevo ataque del gobierno del PAC, que tiene como un eje central la represión de las luchas y la criminalización de la protesta social, tal y como ocurrió con Carlos Andrés Pérez durante la huelga del 2018, con los activistas que protestaron contra el FMI o los compañeros y compañeras campesinas de la zona norte quienes fueron procesados por luchar por tierra para trabajar y vivir.
Exigimos inmediatamente no solo detener las agresiones, sino intervenir en el conflicto para atender las demandas de las personas trabajadoras de asegurarles un techo digno, así como servicios de agua potable y electricidad, entre otras urgentes medidas.
Finamente, llamamos a todo el movimiento social, a las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y populares a denunciar la represión y rodear de solidaridad a estas familias que luchan por vivienda digna.