Recientemente se impuso un nuevo decreto salarial para el sector público del 0,43% para todos los trabajadores y de un 1% adicional para quienes ganen menos de 300 mil colones de salario bruto. Este ajuste miserable ha generado el repudio y la indignación generalizada de la mayoría de trabajadores estatales y de una gran parte de sindicatos.
La indignación no es para menos pues el gobierno Chinchilla rompe un nuevo record al imponer el peor ajuste salarial en casi dos décadas, medida que se suma a una serie de ataques contra los trabajadores estatales. Están muy presentes en nuestras cabezas medidas como el ajuste de 5000 colones para, la directriz 13-H de congelamiento de plazas en el sector público, los ataques al derecho de pago completo de salario por incapacidad, la eliminación del pago completo de todos los años laborados por concepto de cesantía y los reiterados ataques a los pluses salariales y convenciones colectivas presentadas como “privilegios por parte de los gobiernos neoliberales.
Un gobierno impopular que se sostiene por la propia debilidad sindical
Pese a ser uno de los gobiernos más impopulares de la historia del país, debemos reconocer que la administración Chinchilla ha dado pasos importantes en el ataque a la planilla estatal. Un movimiento sindical atomizado, con dirigencias burocráticas enquistadas en sus puestos por décadas, sin un plan claro y articulado de reivindicaciones que de continuidad a las luchas, son los principales puntos de apoyo del gobierno; debemos decir con toda franqueza que la principal fortaleza del gobierno ha sido la propia debilidad de los sindicatos estatales.
Un miserable ajuste en media campaña y los sindicatos en silencio
Si bien el ajuste salarial se impuso pasada la primera ronda electoral del 2 de febrero, ya era por todos conocida la intención del gobierno. El tema salarial y la agenda de lucha sindical estuvieron ausentes en la coyuntura electoral mientras los empresarios, el gobierno y todos los partidos –excepto el PT- defendieron directa o indirectamente medidas como los recortes de salarios, las evaluaciones de desempeño o los ataques a los supuestos “privilegios” del sector público.
Solamente Héctor Monestel, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, tuvo la claridad de afirmar claramente que estaba contra la ley de empleo público, el salario único y todos los ataques a los empleados estatales, el resto de partidos incluido el Frente Amplio terminaron por ceder a la presión empresarial haciendo coro de medidas que vienen a atacar los salarios y condiciones de vida de los trabajadores estatales.
Mientras se desarrollaba este “festín” electoral antidemocrático los sindicatos estatales permanecieron en silencio y le hacían el juego a opciones políticas que no tienen reparo en renunciar a la defensa de los derechos laborales con tal de ganarse la gracia del sector empresarial.
Las expectativas en el PAC y el FA
Sin duda alguna grandes sectores de los trabajadores estatales guardan expectativas en que un eventual gobierno del PAC o el ascenso electoral del FA signifiquen un cambio de rumbo favorable para la clase trabajadora. En nuestro criterio esas expectativas más tarde que temprano serán traicionadas por cuanto estos partidos no están por romper con los planes neoliberales (privilegios fiscales a las zonas francas, TLC’s, recortes al presupuesto, mayor endeudamiento, entre otros), sin lo cual es impensable una salida beneficiosa para la clase trabajadora.
Pese que no tenemos expectativas en ninguno de estos partidos creemos que los activistas honestos y los luchadores consecuentes están en la obligación de exigirles a estos que rompan con las medias anti obreras en curso, especialmente al Frente Amplio por tener en sus filas a dirigentes sindicales que han sido parte de las luchas contra el salario único y la ley de empleo público.
Retomar las calles con una agenda de los trabajadores
Este gobierno sigue el festín con los recursos públicos, no tiene reparo cuanto se trata de favorecer a los empresarios mientras continúa aplicando medidas de mayor endeudamiento, recortes al presupuesto público, ataques a los salarios y derechos laborales o de negocios corruptos con las concesiones. Los sindicatos siguen aún sin plantear su propia agenda en defensa de los salarios, de la inversión pública y contra las corruptas concesiones como la de APM, por lo que urge ubicar la agenda de los trabajadores, tarea que sólo puede venir de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
La única salida es retomar la movilización en las calles, única trinchera donde podemos enfrentar de manera efectiva los ataques reiterados del actual y del próximo gobierno -sea del PAC o del PLN-.
Urge un plan de lucha claro que le de continuidad a las luchas, así como la unidad sindical en la movilización. De momento hay convocada una reunión sindical para el 24 de febrero, la cual debe ser un amplio y democrático espacio de coordinación y decisión sobre el cual se pueda rearmar la lucha frente a la ofensiva en curso.
Como se demostró en la campaña electoral nuestro partido es el único que reivindica de forma clara y consecuente la lucha por los derechos de los trabajadores estatales y de toda la clase trabajadora en general, por eso le invitamos a sumarse a nuestras filas para impulsar la lucha por la defensa de los derechos laborales y por sindicatos democráticos al servicio de la movilización.